Ésta es la continuación de mi entrada anterior. Tal y como comentaba en ella, las diversas excusas de la empresa de traducción X nos hicieron sospechar a mi colega y a mí que esta agencia de traducción no era trigo limpio, sospechas que confirmamos mediante una sencilla búsqueda en Google. A partir de ahí, fue cuestión de ir tirando del hilo.

Como aún quedaban algunos días para que la contable se reincorporara de sus vacaciones de verano, decidí señalar en rojo el día de su regreso y ponerme manos a la obra: mejor ir adelantando trabajo por si, como preveía, no conseguía cobrar mi factura por las buenas. De este modo, aproveché los días restantes para ponerme en contacto con varios traductores que también habían colaborado con la empresa de traducción X y que jamás habían visto un euro. Me interesaba conocer sus casos, pero por encima de todo, quería saber qué medidas habían adoptado ellos, ya que yo nunca antes había tenido que tratar una cuestión semejante con una agencia de traducciones. De las personas a las que consulté, sólo una afirmó haber denunciado; las restantes consideraron que no les merecía la pena porque la cantidad impagada tampoco era tan significativa (éste suele ser el problema). A pesar de ello, varios me animaron a no quedarme de brazos cruzados y tomar medidas legales. Pero, ¿cuáles eran mis opciones? Después de investigar, el proceso monitorio pareció ser lo más adecuado (para los que no sepáis muy bien en qué consiste, echad un ojo a esta entrada de un blog de traducción). Una vez resueltas todas mis dudas en cuanto a cómo proceder, sólo me quedaba esperar al día D.

Y llegó. Y como era de esperar, la contable me dio largas alegando que acababa de regresar de sus vacaciones y que necesitaba algo de tiempo para ponerse al día (ésta es buena, ¿eh?). «¿Cuántos días necesitas? ¿Una semana? ¡Claro que sí, mujer! Ya volveré a llamar.»

Septiembre

”Ya ha pasado una semana. ¿Has tenido tiempo de ponerte al día? ¿Aún no? Pues no te preocupes, que la semana que viene recibirás un burofax”. Y ahí, cual teleoperadora que se ha aprendido al dedillo aquello de “Apague router. Reinicie router”, me soltó de carrerilla la madre de todas las excusas: aún no podían hacerme el ingreso correspondiente porque ellos mismos no habían cobrado el proyecto. Cosas del verano. Nunca habían dejado de pagar a sus colaboradores, eso sí, y por supuesto que no les interesaba que hubiera que tomar medidas legales. Éste estaba siendo un caso excepcional e intentaría tenerlo todo solucionado en cuestión de un par de días.

Mi respuesta fue más o menos la siguiente: 1) habéis agotado mi paciencia y 2) me consta que no se trata de un caso excepcional (denuncia presentada por X en el año Z). Además, 3) mi cliente es la empresa de traducción X, no el cliente final, así que mi problema se limita a conseguir que vosotros me paguéis, y en vista de que no lo he conseguido por las buenas, 4) en un par de días recibiréis un burofax. Y si ni por ésas saldáis la deuda, iniciaré los trámites oportunos en el juzgado.

Sé de muy buena tinta que mi burofax no fue el único que recibieron una semana después. El mismo día y a la misma hora en que entregaban el mío, les llegó otro más. Por supuesto, el plazo concedido expiró sin que se dignaran a pagar, así que, tras rellenar la solicitud de proceso monitorio, la hice llegar junto con toda la documentación por triplicado a los juzgados competentes de Madrid. A partir de ahí, asignarían el caso a un juez y, para bien o para mal, me notificarían la decisión. Yo ya no podía hacer otra cosa más que esperar.

“El que espera desespera”, dice el refrán español. Así que dejo aquí esta segunda parte y os emplazo en la tercera para ver (por fin) la resolución de esta historia.